La escena tiene algo de novela de espionaje, pero ocurrió en el corazón de Silicon Valley. El pasado 30 de septiembre, el equipo de seguridad de OpenAI descubrió un dispositivo de grabación oculto en el interior de una sala de reuniones ejecutiva de sus oficinas de San Francisco.
El aparato, del tamaño de un pulgar, estaba envuelto en papel higiénico y conectado a un puerto USB en la parte trasera de un televisor. Una semana después, el FBI detuvo al presunto responsable: un ingeniero de 35 años, Abdulrahman Alfozan, nacional de Arabia Saudí, que había trabajado en la compañía desde julio de 2025.
La investigación, desvelada este martes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, apunta a un intento deliberado de capturar comunicaciones sensibles sobre la tecnología de “superinteligencia” de OpenAI. No se trata de un robo de datos al uso. Es un caso de espionaje físico, de infiltración silenciosa en el santuario donde se discuten los planes más reservados de una de las empresas más valiosas del planeta.
El dispositivo: cifrado, camuflado y difícil de detectar
Según la denuncia penal, el dispositivo hallado (denominado “Recording Device 1” en el expediente) estaba cifrado, tenía micrófono y capacidad de conectarse a una cámara. Su contenido era inaccesible para los investigadores. La compañía lo describió como un “sofisticado dispositivo de grabación” diseñado para evadir la detección y transferir datos sin ser notado.
El aparato fue instalado, según la investigación, alrededor del 28 de septiembre. Dos días después, un equipo dedicado a la búsqueda de equipos de vigilancia lo encontró durante una inspección rutinaria.
La sala donde estaba escondido, a la que Alfozan no tenía autorización para acceder, se utilizaba con frecuencia para discutir investigación propietaria, planes de producto, oportunidades de desarrollo de negocio, avances técnicos no públicos, decisiones estratégicas y relaciones gubernamentales y comerciales.
El rastro: cámaras, consultas y un segundo dispositivo
Las cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) de la oficina revelaron que Alfozan se había acercado repetidamente a la sala durante el mes anterior, sin autoridad para hacerlo. Tras el hallazgo, OpenAI instaló una cámara en la propia sala. Esa cámara lo captó entrando y revisando detrás del televisor donde había estado escondido el dispositivo.
El expediente también revela un patrón de reconocimiento previo. Antes del 28 de septiembre, Alfozan utilizó una herramienta de productividad —presumiblemente un asistente de IA interno— para hacer múltiples consultas sobre las direcciones de los edificios de OpenAI, las salas de reuniones, sus capacidades y calendarios, así como sobre las ubicaciones de reuniones de “liderazgo y ejecutivos” y de socios externos.
Y hay un detalle que agrava la acusación. El 5 de octubre, días después del hallazgo, Alfozan dejó su bolsa desatendida en otra sala del edificio. El personal de seguridad la abrió y encontró su cartera, su identificación y un segundo dispositivo de grabación similar al que había sido plantado en la sala de reuniones.
Los fiscales también citaron consultas realizadas a través de una cuenta de chatbot asociada a la esposa de Alfozan, que compartía múltiples identificadores con la suya propia. Entre el 24 y el 30 de septiembre, esa cuenta envió prompts relacionados con la construcción, personalización, instalación, grabación de audio, pruebas, ofuscación y acceso remoto a un dispositivo, incluyendo preguntas sobre “construir una grabadora de audio continua” y “personalizar Wi-Fi”.
La respuesta de OpenAI: sus propios modelos como herramienta forense
OpenAI no solo detectó el dispositivo. La compañía confirmó que utilizó sus modelos de inteligencia artificial más avanzados para entender el aparato, rastrear su origen e identificar al empleado que lo había colocado. Es un giro notable: la misma tecnología que está en el centro del espionaje se convirtió en la herramienta que ayudó a resolverlo.
En un comunicado, la empresa afirmó: “Utilizamos nuestros modelos para entender el dispositivo y de dónde venía, identificando que un empleado concreto lo había plantado unos días antes. Remitimos el asunto al FBI”. La compañía también confirmó el despido inmediato del empleado y añadió que no hay indicios de que haya accedido o exfiltrado pesos de modelos, código fuente o datos de clientes.
El contexto: la superinteligencia como prioridad de seguridad nacional
El caso ha escalado rápidamente al terreno de la seguridad nacional. Jay Clayton, Director de Inteligencia Nacional, vinculó el incidente directamente con la carrera global por la superinteligencia: “Esta grave situación subraya por qué ganar la carrera global por la superinteligencia es una prerrogativa de seguridad nacional”.
Y el director del FBI, Kash Patel, lo enmarcó en la prioridad de contrainteligencia de la agencia: “Proteger la innovación estadounidense en superinteligencia es esencial para salvaguardar la fortaleza económica y la seguridad nacional de nuestro país”.
El Departamento de Justicia precisó que el proceso penal se lleva a cabo en apoyo del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 11 (NSPM-11), diseñado para respaldar la superioridad de Estados Unidos en tecnología de superinteligencia.
Las consecuencias legales y lo que queda por saber
Alfozan, residente permanente legal en Estados Unidos desde septiembre de 2020, se enfrenta a un cargo de uso o intento de uso de un dispositivo electrónico, mecánico u otro para interceptar comunicaciones orales. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión, una multa de 250.000 dólares y tres años de libertad vigilada. Su comparecencia inicial ante el tribunal federal se produjo el martes, y está prevista una audiencia de detención para el 19 de octubre.
Su abogado, William Pernik, ha advertido contra “saltar a conclusiones en esta etapa tan temprana” y ha pedido que no se “politice” el caso por factores como la nacionalidad del acusado. Alfozan es presunto inocente hasta que se demuestre lo contrario.
El FBI continúa investigando. Y aunque OpenAI ha asegurado que no hay evidencia de robo de datos, la pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué se hizo, si es que se hizo algo, con las conversaciones que el dispositivo pudo haber capturado durante los dos días que estuvo operativo? La respuesta, por ahora, sigue cifrada. Como el propio aparato.
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