Durante un evento de campaña en Harrisburg, Pennsylvania, el magnate tecnológico Elon Musk, conocido por su apoyo al expresidente Donald Trump, anunció que otorgará $1 millón cada día a votantes registrados en estados clave.
Esta medida, que busca fomentar la participación electoral, ha suscitado preocupaciones legales sobre la posible violación de las leyes que prohíben pagar a las personas por registrarse para votar.
Musk, que también es propietario de X (anteriormente Twitter) y CEO de Tesla, indicó que su objetivo es reclutar hasta dos millones de votantes para firmar una petición que apoya los derechos de la Primera y Segunda Enmienda.
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La página web de su comité de acción política señala que el programa está dirigido exclusivamente a votantes registrados en estados como Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte.
Este sorteo se enmarca dentro del respaldo financiero de Musk, quien ha donado más de $75 millones a su super PAC pro-Trump. Durante su discurso, instó a los asistentes a movilizarse y asegurar que sus amigos y familiares se registren y voten.

La controversia se intensificó cuando Musk entregó un cheque gigante a un votante afín a Trump en su evento en Harrisburg, y anunció un segundo ganador en Pittsburgh.
Estas acciones no pasaron desapercibidas por funcionarios como el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, quien expresó que el sorteo es “profundamente preocupante” y podría ser objeto de una revisión legal.
Las leyes federales prohíben explícitamente ofrecer pagos a cambio de registro o votación, con penas de hasta cinco años de prisión. Expertos en derecho electoral, como Derek Muller, de la Universidad de Notre Dame, argumentan que el hecho de restringir los premios a votantes registrados puede interpretarse como un intento de soborno electoral.
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Aunque algunas leyes estatales solo penalizan el pago por votar, la intención de Musk de incrementar el registro entre los votantes de Trump podría complicar aún más la situación.
David Becker, exfuncionario del Departamento de Justicia y fundador del Centro de Innovación e Investigación Electoral, señaló que la oferta de Musk, dirigida a votantes en estados decisivos, refuerza la sospecha de que busca influir en el resultado electoral.
Becker destacó que la proximidad del sorteo a los plazos de registro aumenta la percepción de que se trata de un incentivo para aumentar el registro.
Por su parte, Rick Hasen, experto en derecho electoral en la UCLA, catalogó la iniciativa como “un claro intento de compra de votos”.
La manual de delitos electorales del Departamento de Justicia especifica que es ilegal ofrecer “oportunidades de lotería” que busquen inducir o recompensar acciones como el registro para votar.
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En respuesta a las críticas, el grupo respaldado por Musk reformuló el sorteo como una oportunidad laboral, sugiriendo que los ganadores serán “seleccionados para ganar $1 millón como portavoces del PAC America”. Sin embargo, los expertos legales advierten que esta distinción probablemente no alterará la ilegalidad potencial del programa.
Por último, la Secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, criticó a Musk por difundir información errónea sobre la integridad de los registros de votantes, después de que él afirmara incorrectamente que había más votantes que ciudadanos en su estado.
A medida que se acerca el día de las elecciones, la situación sigue evolucionando, y muchos esperan que el impacto de esta controvertida iniciativa se aclare en los próximos días.