El 3 de febrero de 2026, desde la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Pedro Sánchez del Gobierno español, hizo un anuncio que marcará un antes y un después en la regulación digital: España prohibirá las redes sociales a menores de 16 años.
Esta medida, que será formalizada ante el Consejo de Ministros, no solo busca proteger la infancia frente a contenidos nocivos, sino también responsabilizar a las grandes plataformas por su influencia en menores.
No se trata de una decisión aislada. En los últimos años, países como Australia, Francia, Dinamarca y Grecia han comenzado a implementar regulaciones similares, generando un movimiento global hacia la protección de menores en entornos digitales.
Así será la Ley de Protección a los Menores en las Redes española
Hasta ahora, la edad mínima para registrarse en redes sociales en España es de 14 años, conforme al RGPD europeo. Esto permitía que adolescentes gestionaran sus datos personales sin autorización parental. Sin embargo, los riesgos actuales (algoritmos más adictivos, contenido nocivo accesible y exposición temprana) han hecho obsoleta esta normativa.
En 2024-2025, el gobierno elaboró la Ley Orgánica para la Protección de Menores en Entornos Digitales, que ya contemplaba elevar la edad mínima a 16 años. Con el anuncio de febrero de 2026, España se posiciona como uno de los países más estrictos en Europa, buscando implementar medidas complementarias que refuercen la seguridad digital.
Las Dudosas Medidas Complementarias
El anuncio de Sánchez incluye un paquete integral de medidas:
- Sistema de “Huella de Odio y Polarización”: Monitoreo de contenidos para identificar riesgos de radicalización y polarización.
- Responsabilidad legal de ejecutivos: Los directivos de plataformas podrán ser penalizados por infracciones cometidas en sus espacios digitales.
- Criminalización de prácticas algorítmicas: Será delito manipular algoritmos para amplificar contenido ilegal o dañino.
- Investigación fiscal de infracciones: La Fiscalía General investigará plataformas como TikTok, Instagram y Grok.
- Verificación de edad efectiva: Obligación de implementar sistemas robustos, no solo autodeclaración.
El Caso de Australia: Un Precedente Mundial
Australia fue pionera al prohibir redes sociales a menores de 16 años en diciembre de 2025, aplicando multas millonarias a las plataformas.
En su primer mes, Meta eliminó más de 500,000 cuentas de menores, aunque admitió dificultades para verificar edades reales. Esto evidencia que la prohibición por sí sola no garantiza protección absoluta.
Contexto Internacional y Coordinación Europea
España no actúa sola. La UE ha recomendado una edad mínima armonizada de 16 años, con flexibilidad hasta los 13 con consentimiento parental. Países como Francia, Dinamarca y Grecia también proponen 15 años.
Esta tendencia global busca establecer un estándar sólido de protección digital de menores, aunque cada nación ajusta la edad según contexto cultural y científico.
¿Por qué a los 16 años?
Los datos son alarmantes:
- Edad promedio de primer móvil: 11 años
- 98% de adolescentes activos en alguna red social
- 9% dedican más de 5 horas diarias entre semana; 20% los fines de semana
Diversos estudios (Cambridge, Utah, Comité de Expertos Español) relacionan uso intensivo de redes con depresión, ansiedad y problemas de salud mental.
La Fiscalía de Menores respalda la prohibición hasta los 16 años como medida de protección basada en evidencia neurobiológica.
Críticas y Desafíos: ¿Funcionará Realmente?
Expertos como Enrique Dans y UNICEF advierten que la prohibición absoluta podría ser contraproducente:
- Menores podrían evadir restricciones mediante VPN o cuentas de terceros
- Riesgo de aislamiento social, especialmente para menores vulnerables (LGBTQ+, minorías)
- Desafíos técnicos de verificación de edad (documentos falsos, deepfakes)
- La educación digital es clave, no solo la restricción
El EU Kids Online Project demuestra que la alfabetización digital es más efectiva que la prohibición absoluta para reducir riesgos graves.
Medidas Paralelas: Regulación Sin Censura Total
España también apuesta por acciones complementarias que protegen sin aislar:
- Sharenting: regulación del uso de imágenes de menores por padres
- Prohibición de prácticas adictivas: lootboxes, algoritmos de engagement nocivo
- Educación digital obligatoria: pensamiento crítico, privacidad, manejo seguro de redes
- Control parental en dispositivos: límites de tiempo y monitoreo de actividad
Estas acciones buscan abordar la raíz del problema, no solo la consecuencia.
Comparativa Internacional: La Edad Correcta
| País | Edad Mínima | Estado | Enfoque |
|---|---|---|---|
| Australia | 16 | Implementado | Prohibición absoluta |
| España | 16 | Anunciado | Prohibición + medidas complementarias |
| Francia | 15 | Debate | Propuesta |
| Dinamarca | 15 | Debate | Propuesta |
| UE | 16 (13 con consentimiento) | Recomendación | Flexible |
| RGPD | 14-16 según país | En vigor | Estado actual |
El consenso parece apuntar a 15-16 años como rango seguro para la protección digital.
Los “EXTRAS” de la Ley de Protección del Menor
Dicho todo esto, España es el país que se desmarca de la gran mayoría de leyes del resto del mundo y parece querer ir un poco más allá. Sacando los pies del tiesto y profundizando en la vigilancia de Internet a nivel estatal, pero no precisamente centrada en delitos.
Más bien, promulgando la implementación de paradigmas paralelos que van más allá de la protección de menores o de la detección de graves delitos, implementando una regulación amplia que les permita vigilar absolutamente todo lo que cualquier adulto que no piense como ellos haga o deje de hacer en redes sociales.
De hecho, España ya ha dado el salto hacia este enfoque desde hace meses con su “Observatorio del Racismo”, que realiza labores bastante curiosas, y cada vez se acerca más a la censura de cualquier información que al Gobierno no le interese que se difunda.
Junto a la ley de menores, se implementarán medidas muy similares a las del “Observatorio del Racismo”, pero esta vez enfocadas directamente en el “odio”, las “noticias falsas”, los “bulos”, etc.
Ellos denominan esta información como “falsas noticias”, “bulos”, “racismo” u “otros”, pero siempre desde su propio punto de vista. Esto representa un terreno peligrosamente resbaladizo que el Estado español ha decidido transitar y, claramente, traspasar.
Como si ellos fueran capaces de definir con objetividad el significado de cada uno de esos términos, o como si no fueran ellos mismos los primeros en difundir centenares de bulos en ocasiones conocidas. Pero, aparentemente, el Gobierno quiere alzarse como juez ejemplarizador, sin tener en cuenta el pequeño y gran detalle de que ellos también son parte (y a veces causa) de lo que pretenden juzgar.
Como decía, toda tu información recopilada irá quedando bajo el paraguas del Estado, a través de diferentes “observatorios” y “medios” que ya lleva tiempo implementando. Hasta que, supongo, llegaremos al punto de que, en un futuro no muy lejano.. Podrán determinar si recibes ayuda, un puesto de trabajo o una subvención, dependiendo de si tus ideales les gustan o no.