El plan de Microsoft de comprar la editorial de juegos Activision Blizzard por 69.000 millones de dólares ha dado otro giro y no para mejor.
El Tribunal de Distrito de EE. UU. del Norte de California ha concedido la solicitud anterior de la Comisión Federal de Comercio de imponer una orden de restricción temporal a Microsoftpor lo que no puede completar el trato antes de su fecha límite.
El fallo de hoy, establece que el trato no puede completarse hasta una fecha establecida por el tribunal o “después de las 11:59 p. m., hora del Pacífico del quinto día hábil después de que el Tribunal se pronuncie sobre la solicitud de la FTC de una orden judicial preliminar”.
La sentencia judicial también añade que Microsofty Activision Blizzard debe “evitar que cualquiera de sus funcionarios, directores, agentes nacionales o extranjeros, divisiones, subsidiarias, afiliadas, asociaciones o empresas conjuntas cierren o consuman, directa o indirectamente, la transacción propuesta o una transacción sustancialmente similar”.
El próximo paso es una audiencia para una orden judicial preliminar contra el cierre del trato, que se llevará a cabo el 22 o el 23 de junio.
Si el tribunal falla a favor de la FTC para otorgar esa orden judicial, eso significa que el regulador estadounidense tendrá la oportunidad de convencer a un juez de que la compra planificada de Activision Blizzard por parte de Microsoft debe bloquearse sin tener que preocuparse de que las dos compañías sigan adelante y cierren el trato.
Oficialmente microsoft debe completar sus planes de adquisición antes del 18 de julio, a menos que pueda hacer rápidamente otro trato con Activision Blizzard para retrasarlo más allá de esa fecha. Si tal trato no se puede hacer, Microsoft tendrá que seguir adelante y pagarle al editor una tarifa de ruptura por una suma de 3 mil millones de dólares.
Microsoft ya pagó a la FTC 20 millones de dólares este mes en un caso diferente. La FTC afirmó que el servicio Xbox de Microsoft violó la Ley de protección de la privacidad en línea de los niños al recopilar información personal de los niños sin obtener el permiso de sus padres y retener esa información personal.