Hasta ahora hemos analizado dos de los recursos más visibles que consumen los centros de datos: el agua y la electricidad. Aunque existe una cuestión aún más compleja y probablemente, la más controvertida desde el punto de vista político y económico: ¿Quién termina pagando el enorme coste de esta expansión?
La respuesta NO es sencilla.
Las grandes compañías tecnológicas invierten miles de millones de dólares en la construcción de sus infraestructuras, adquieren terrenos, levantan edificios, compran servidores y desarrollan complejas redes de refrigeración y alimentación eléctrica. Desde esta perspectiva, podría parecer que el coste recae exclusivamente sobre empresas privadas.
No obstante, una mirada más amplia revela un escenario mucho más complejo. La implantación de un gran centro de datos suele implicar la construcción de nuevas líneas eléctricas, subestaciones, carreteras, conducciones de agua, sistemas de saneamiento y otras infraestructuras que en muchos casos, requieren inversiones públicas o están respaldadas por incentivos fiscales financiados con recursos de todos los contribuyentes.
Por ello, una pregunta comienza a repetirse cada vez con más frecuencia en parlamentos, organismos reguladores y comunidades locales: ¿Hasta qué punto el extraordinario crecimiento de la inteligencia artificial está siendo financiado indirectamente por la propia sociedad?
Una carrera mundial por atraer inversiones
Durante la última década, los centros de datos se han convertido en uno de los activos más codiciados por gobiernos regionales y nacionales. Su presencia se asocia a conceptos como innovación, transformación digital, empleo cualificado y atracción de nuevas empresas tecnológicas.
En consecuencia, numerosos territorios compiten entre sí para convencer a gigantes como Meta, Microsoft, Google, Amazon Web Services (AWS), Oracle o Equinix de que construyan allí sus próximas instalaciones.
Esta competencia ha dado lugar a una auténtica “guerra de incentivos” en la que administraciones de todo el mundo ofrecen ventajas económicas cada vez más atractivas.
Entre las medidas más habituales se encuentran:
- exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles
- reducciones del impuesto de sociedades
- bonificaciones en tasas urbanísticas
- subvenciones directas a la inversión
- cesión de suelo industrial en condiciones preferentes
- ayudas para la construcción de infraestructuras
- simplificación de procedimientos administrativos
- acceso prioritario a determinadas redes eléctricas o hidráulicas
El objetivo es atraer proyectos capaces de movilizar miles de millones de euros y situar a la región dentro del mapa mundial de la economía digital.
Sin embargo, esta estrategia también ha despertado críticas por parte de economistas y organizaciones civiles, que cuestionan si el retorno obtenido compensa realmente el esfuerzo económico realizado por las administraciones públicas.
Incentivos fiscales: una herramienta cada vez más cuestionada
Los incentivos fiscales constituyen probablemente el mecanismo de apoyo más extendido. En Estados Unidos, numerosos estados ofrecen importantes exenciones tributarias para favorecer la instalación de centros de datos.
Virginia por ejemplo, lleva años aplicando beneficios fiscales que han contribuido decisivamente a convertir al estado en el mayor polo mundial de infraestructuras digitales. Programas similares existen en Texas, Arizona, Georgia, Ohio, Iowa o Illinois.
Los defensores de estas políticas sostienen que:
- generan inversión privada
- incrementan la recaudación a largo plazo
- crean empleo durante la construcción
- impulsan sectores auxiliares como la ingeniería, la construcción o las telecomunicaciones
Sus detractores, en cambio, argumentan que muchos de estos incentivos reducen considerablemente la aportación fiscal efectiva de empresas con una enorme capacidad económica, trasladando parte del esfuerzo financiero al conjunto de la sociedad.
Diversos estudios académicos han señalado que, en determinadas circunstancias, las ayudas públicas concedidas a algunos centros de datos alcanzan cientos de millones de dólares a lo largo de su vida útil.
El coste invisible de las infraestructuras
Uno de los aspectos menos conocidos por la opinión pública es que el edificio representa solo una pequeña parte del proyecto. Para que un centro de datos pueda comenzar a funcionar resulta necesario desarrollar una extensa red de infraestructuras complementarias, que en muchos casos requieren de inversiones multi millonarias y mucho tiempo de desarrollo.
Entre ellas destacan:
- nuevas e indefinidas líneas de alta tensión
- subestaciones eléctricas
- estaciones de bombeo
- conducciones de agua
- sistemas de saneamiento
- carreteras de acceso
- enlaces de fibra óptica
- mejoras en la red de transporte
En ocasiones estas infraestructuras son financiadas íntegramente por el operador tecnológico. En otras, las compañías eléctricas, los municipios o las administraciones regionales participan en su construcción debido a que también beneficiarán al resto del territorio.
Precisamente aquí, es en el punto del que surge uno de los principales focos del debate: si una nueva subestación eléctrica se construye principalmente para alimentar un centro de datos, ¿Se debe asumir su coste íntegramente la empresa tecnológica o puede repercutirse parcialmente sobre el conjunto de los consumidores mediante las tarifas eléctricas?
La respuesta, depende del marco regulatorio de cada país o cada estado y continúa siendo un objeto de discusión en la actualidad, dada la gran oscuridad existente de los tratados y contratos que los políticos firman con las grandes tecnológicas.
Las redes eléctricas también tienen un precio
A diferencia de otros sectores industriales, los grandes centros de datos requieren una disponibilidad eléctrica extraordinariamente elevada, NO basta con que exista capacidad de generación.
Es necesario garantizar:
- suministro continuo
- múltiples líneas de alimentación
- redundancia total
- tiempos mínimos de recuperación ante averías
Para lograrlo, las compañías eléctricas deben invertir miles de millones en ampliar sus infraestructuras.
En Estados Unidos, varios operadores han reconocido públicamente que el crecimiento explosivo de los centros de datos asociados a la inteligencia artificial obliga a acelerar inversiones previstas inicialmente para décadas posteriores.
Entre estas actuaciones, se incluyen nuevas líneas de transmisión, transformadores, centros de distribución y sistemas avanzados de control de la red. Aunque dichas inversiones modernizan el sistema eléctrico, también incrementan los costes regulados que dependiendo del modelo tarifario, pueden terminar repercutiendo en la factura de los consumidores la implementación de toda esta nueva estructura.
¿Puede aumentar el precio de la electricidad el crecimiento de infinidad de centros de datos?
Esta es una de las cuestiones que más preocupa actualmente a los reguladores y a las asociaciones de consumidores, principalmente en los estados de Estados Unidos donde los centros de datos han crecido como setas a lo largo de los últimos 3 años.
Se podría decir que, el impacto depende de múltiples factores:
- estructura del mercado eléctrico
- regulación nacional
- capacidad de generación disponible
- ritmo de crecimiento de la demanda
- inversiones realizadas por los operadores tecnológicos
En un mercado bien dimensionado, la llegada de nuevos consumidores puede incluso favorecer inversiones que mejoren la eficiencia del sistema. Aunque cuando la demanda crece mucho más deprisa que la capacidad de generación o transporte, aparecen tensiones que pueden traducirse en mayores costes para todo el sistema eléctrico.
Por eso, diversos reguladores estadounidenses ya han advertido de esta posibilidad y de que la electricidad en muchos estados se termine viendo encarecida por la culpa directa, debido a un exceso de creación de centros de datos en un muy pequeño período corto de tiempo.
Estados como Virginia, donde la concentración de centros de datos alcanza niveles sin precedentes, estudian fórmulas para garantizar que el extraordinario crecimiento de la demanda asociado a la inteligencia artificial no termine trasladando costes injustificados a hogares y pequeñas empresas.
La cuestión ha adquirido tal relevancia que incluso la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ha intervenido en debates relacionados con el acceso prioritario a la red, las tarifas aplicables a grandes consumidores y el reparto de los costes de nuevas infraestructuras eléctricas.
El debate sobre las tarifas especiales
Otra cuestión especialmente controvertida es la existencia de contratos eléctricos específicos para los grandes consumidores de electricidad. Las empresas tecnológicas, negocian acuerdos a largo plazo que les permiten asegurar un suministro estable y predecible a un precio de la electricidad mucho más barato.
En estos contratos se suelen incluir:
- los precios de la electricidad pactados durante varios años
- la construcción de infraestructuras dedicadas
- las condiciones particulares de conexión
- el acceso preferente a la nueva capacidad generada por un largo plazo de años
Aunque este tipo de acuerdos resulta habitual en otros sectores industriales, algunos expertos consideran que la extraordinaria magnitud de la demanda asociada a la inteligencia artificial obliga a revisar los mecanismos tradicionales de asignación de costes, para garantizar que el resto de consumidores no termine soportando parte de las inversiones necesarias por una industria que NO es una infraestructura crítica vital.
Mucho dinero de inversión pero realmente cuántos empleos se generan
Uno de los argumentos más utilizados para justificar las ayudas públicas es la creación de empleo.
Durante la fase de construcción, un gran centro de datos puede movilizar miles de trabajadores relacionados con:
- obra civil
- ingeniería
- instalaciones eléctricas
- climatización
- telecomunicaciones
- seguridad
Sin embargo, una vez finalizada la construcción, la realidad cambia considerablemente. Gracias a su elevado nivel de automatización, muchos centros de datos requieren plantillas relativamente reducidas para sus operaciones diarias.
Aunque los puestos existentes suelen ser altamente cualificados y bien remunerados, diversos estudios económicos cuestionan si el volumen de empleo permanente generado resulta proporcional a las importantes ventajas fiscales concedidas.
Este aspecto constituye uno de los principales argumentos utilizados por quienes reclaman una evaluación más rigurosa del retorno económico real de estas inversiones.
El coste de la oportunidad
Los economistas suelen analizar también el llamado coste de oportunidad. Cada euro destinado a subvenciones, bonificaciones fiscales o infraestructuras específicas deja de estar disponible para otras políticas públicas.
Las administraciones deben decidir constantemente cómo distribuir recursos limitados entre prioridades como:
- educación
- sanidad
- transporte
- vivienda
- investigación
- transición energética
- digitalización
Desde esta perspectiva, el debate no consiste únicamente en determinar si los centros de datos generan riqueza real para toda la comunidad o ingresos exclusivamente en beneficio propio de los grandes inversores.
La posición de las grandes tecnológicas
Las empresas del sector rechazan la idea de que constituyan una carga para la sociedad, como es obvio y en defensa de sus interés propios.
Argumentan que sus inversiones:
- impulsan la innovación
- fortalecen la competitividad económica
- generan empleo cualificado
- incrementan la recaudación futura
- atraen nuevas empresas tecnológicas
- aceleran la transición digital
Asimismo, destacan que muchos proyectos incluyen inversiones privadas en infraestructuras energéticas, energías renovables, restauración ambiental y programas sociales dirigidos a las comunidades donde operan (afirmaciones altamente dudosas).
Microsoft, Google, Meta y Amazon han desarrollado iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia energética, financiar proyectos de recuperación hídrica y colaborar con administraciones locales en el desarrollo de nuevas infraestructuras.
El verdadero desafío: repartir los costes de forma equitativa
Lejos de tratarse de un enfrentamiento entre empresas tecnológicas y ciudadanos, el debate gira en torno a un principio mucho más amplio: cómo distribuir de manera justa los costes y beneficios de una infraestructura que se ha convertido en esencial para la economía moderna.
La sociedad demanda cada vez más servicios digitales, inteligencia artificial, almacenamiento en la nube y comunicaciones instantáneas. Todo ello requiere centros de datos más grandes, más potentes y más eficientes. Pero esa expansión también implica inversiones multimillonarias, consumo de recursos naturales y una presión creciente sobre las infraestructuras públicas.
El reto para los próximos años será encontrar un equilibrio entre competitividad e interés general. Atraer inversiones tecnológicas puede ser una oportunidad extraordinaria para el desarrollo económico, siempre que el reparto de los costes sea transparente, que los incentivos públicos estén debidamente justificados y que las comunidades donde se implantan estas infraestructuras participen de forma efectiva en los beneficios generados.
Porque, en última instancia, la pregunta no es si los centros de datos son necesarios (lo son para sostener la economía digital y la inteligencia artificial), sino cómo garantizar que su crecimiento no traslade una parte desproporcionada de su coste económico, energético y ambiental al conjunto de la sociedad.