Whathefav se presentaba públicamente como una empresa especializada en marketing digital, comunicación corporativa y producción de contenidos audiovisuales. Sin embargo, desde mayo de 2026 su nombre ha dejado de asociarse a campañas de comunicación para convertirse en uno de los protagonistas del denominado caso Plus Ultra.
La sociedad, administrada por Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido situada por los investigadores en el centro de una presunta estructura empresarial bajo sospecha de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal.
La cuestión que sobrevuela toda la investigación es clara: ¿era Whathefav una agencia que desarrollaba una actividad ordinaria o desempeñaba un papel estratégico dentro de una red de intermediación económica mucho más amplia?
La tesis de los investigadores
Según los informes de la UDEF incorporados al procedimiento, Whathefav habría actuado como un supuesto “elemento finalista” dentro de la estructura investigada, recibiendo fondos procedentes de distintas sociedades vinculadas al entramado.
La sospecha no se limita a determinadas transferencias económicas. Los investigadores sostienen que algunas empresas de la red disponían de capacidad para generar facturación, contratos y documentación destinados a proporcionar cobertura formal a operaciones cuya finalidad real sigue siendo objeto de investigación.
En este contexto, Whathefav aparece de forma recurrente en informes policiales y resoluciones judiciales como una de las sociedades que habría recibido importantes cantidades de dinero procedentes de empresas relacionadas con los principales investigados.
Inteligencia Prospectiva: el cliente que más interrogantes genera
Uno de los aspectos más llamativos del procedimiento es la relación entre Whathefav e Inteligencia Prospectiva, una consultora controlada por empresarios venezolanos y señalada por los investigadores como una de las piezas relevantes del entramado.
Según la documentación analizada, Inteligencia Prospectiva habría abonado a Whathefav más de 561.000 euros por servicios relacionados con la producción audiovisual y la creación de contenidos multimedia.
La cifra ha llamado especialmente la atención de los investigadores porque, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Inteligencia Prospectiva acumuló pérdidas durante varios ejercicios y presentaba una actividad aparentemente limitada.
La empresa llegó a declarar entre cero y un empleado, registrando además resultados negativos de forma continuada.
Por ello, una de las preguntas centrales de la investigación es cómo una sociedad con una actividad aparentemente reducida pudo convertirse en el principal cliente de una agencia de comunicación y desembolsar más de medio millón de euros en servicios audiovisuales.
Una web sencilla y pagos elevados
Otro de los elementos que ha despertado interés es la propia presencia digital de Inteligencia Prospectiva.
Diversos análisis periodísticos han señalado que la compañía mantenía una página web relativamente sencilla, con una producción audiovisual visible muy limitada pese a los elevados importes abonados a proveedores externos.
Entre los ejemplos citados figura un vídeo corporativo de apenas 51 segundos, cuya producción habría supuesto un desembolso superior a 10.000 euros por segundo editado, según los cálculos difundidos en distintos medios.
Aunque la existencia de pagos elevados no constituye por sí sola una irregularidad, sí representa uno de los factores que han llevado a los investigadores a examinar con detalle la relación entre los servicios prestados y los importes facturados.
Informes, maquetaciones y servicios corporativos
Otra de las líneas de investigación afecta a la relación entre Whathefav y la consultora Análisis Relevante.
Según la tesis policial, determinados informes eran elaborados por terceros y posteriormente remitidos a Whathefav para realizar tareas de:
- Maquetación
- Diseño gráfico
- Presentación corporativa
- Adaptación de documentación para clientes finales
La investigación trata de determinar si las cantidades percibidas por estos trabajos eran proporcionales a los servicios efectivamente realizados o si parte de la facturación respondía a una finalidad distinta.
Precisamente esa es una de las cuestiones que deberá aclarar la instrucción judicial.
¿Empresa operativa o sociedad instrumental?
Aquí surge uno de los principales puntos de conflicto del caso.
Por un lado, los investigadores describen a Whathefav como una posible sociedad instrumental utilizada para canalizar fondos dentro del entramado investigado.
Por otro, existen indicios de que la empresa desarrolló una actividad económica real, con:
- Clientes identificables.
- Contratos mercantiles.
- Presencia pública.
- Servicios de comunicación y producción audiovisual efectivamente ejecutados.
La existencia de actividad empresarial legítima no excluye automáticamente la posibilidad de que una sociedad sea utilizada para otros fines. Precisamente por ello, la investigación se centra en analizar si la actividad visible resulta compatible con los volúmenes económicos y movimientos financieros detectados.
La conexión con el negocio petrolero venezolano
Uno de los aspectos más sensibles del procedimiento es la presunta relación con operaciones vinculadas al comercio internacional de petróleo venezolano.
Según los informes incorporados al sumario, los investigadores analizan si determinadas sociedades de la red actuaban como intermediarias en operaciones relacionadas con intereses empresariales chinos y la comercialización de crudo procedente de Venezuela.
La investigación intenta determinar si parte de los fondos que circularon entre las empresas analizadas podrían proceder de estas actividades de intermediación.
Se trata de una de las líneas más complejas del caso debido a la existencia de operaciones internacionales, movimientos económicos de gran volumen y relaciones empresariales transnacionales.
Las imputaciones que cambiaron el escenario
El punto de inflexión llegó en junio de 2026. Luego de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional, el juez instructor acordó citar como investigadas a Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa en calidad de administradoras de Whathefav.
La decisión judicial no implica culpabilidad ni supone una condena, pero sí refleja que el magistrado considera necesario examinar su posible participación en los hechos investigados.
La medida tuvo una enorme repercusión mediática y política al situar por primera vez a familiares directos de un expresidente del Gobierno dentro de una investigación de gran relevancia nacional.
Lo que está acreditado y lo que aún debe demostrarse
A día de hoy existen varios hechos objetivamente constatados:
- Whathefav aparece mencionada de forma recurrente en la investigación.
- Sus administradoras han sido citadas como investigadas.
- La UDEF considera que la empresa desempeñó un papel relevante en determinados flujos económicos.
- Existen contratos, actividad mercantil y evidencia de trabajos reales desarrollados por la sociedad.
Sin embargo, las cuestiones fundamentales continúan abiertas:
- Si los pagos investigados respondían exclusivamente a servicios reales.
- Si existió algún mecanismo de tráfico de influencias.
- Si determinadas empresas actuaban como intermediarias financieras.
- Si habrá acusaciones formales, apertura de juicio oral o eventuales condenas.
Conclusión
El caso Whathefav ha trascendido ampliamente el ámbito del marketing y la comunicación corporativa.
La cuestión ya no es si la empresa producía contenidos audiovisuales, diseñaba informes o desarrollaba campañas para clientes. Lo que investiga la Audiencia Nacional es si esa actividad visible coexistía con una función mucho más relevante dentro de una presunta red empresarial bajo sospecha.
Mientras los investigadores sostienen que Whathefav desempeñó un papel clave en determinados movimientos económicos, la defensa mantiene que se trata de una empresa con actividad real, clientes reales y servicios efectivamente prestados.
La diferencia entre ambas versiones es enorme. Y será finalmente la Audiencia Nacional, y no los informes policiales ni los titulares, quien determine cuál de ellas se ajusta a la realidad de los hechos.