Dos ciudadanos nigerianos han sido extraditados a Estados Unidos y acusados de participar en campañas de sextorsión que terminaron con la muerte de dos menores, uno en Mississippi y otro en Carolina del Norte.
Dos hombres de nacionalidad nigeriana han sido trasladados a Estados Unidos para responder ante la justicia por su presunta participación en redes de sextorsión dirigidas contra menores.
Los acusados, Adebola Festus Adekunle, de 26 años, y Mudasiru Afeez Olawale, de 24, fueron detenidos en Nigeria en agosto de 2023 como parte de la denominada «Operation Artemis», una operación internacional contra redes de sextorsión que operaban desde Nigeria y tenían como objetivo a víctimas menores de edad en Estados Unidos y otros países.
Ambos permanecieron detenidos en Nigeria durante aproximadamente tres años antes de ser extraditados a Estados Unidos.
¿Qué es la sextorsión?
La sextorsión es una forma de chantaje en Internet en la que los delincuentes amenazan con publicar o distribuir imágenes y vídeos íntimos de sus víctimas.
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Los acusados afrontan cargos muy graves
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Adekunle está acusado, entre otros delitos, de explotación sexual de un menor con resultado de muerte, producción de material de abuso sexual infantil, coacción y captación de un menor, así como amenazas interestatales con intención de extorsionar.
Olawale se enfrenta a cargos relacionados con la explotación sexual de menores, coacción y captación de menores y distribución de material de abuso sexual infantil, entre otros delitos.
Las acusaciones contemplan penas de prisión de varias décadas e incluso cadena perpetua en determinados cargos. En particular, el delito de explotación de un menor con resultado de muerte contempla una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión.
El director del FBI, Kash Patel, destacó que los acusados habían permanecido en el extranjero durante años, pero que la investigación permitió llevarlos finalmente ante la justicia estadounidense.
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El FBI continúa alertando sobre la sextorsión
El caso llega mientras las autoridades estadounidenses continúan advirtiendo sobre el aumento de las campañas de sextorsión.
El FBI ha alertado recientemente de que los ciberdelincuentes están intentando acceder a cuentas de redes sociales de menores y adultos con el objetivo de obtener imágenes o vídeos íntimos que posteriormente pueden utilizar para chantajear a sus víctimas.
Este tipo de ataques no siempre requiere sofisticadas técnicas informáticas. En muchas ocasiones, los delincuentes recurren a engaños, manipulación psicológica o identidades falsas para conseguir que las propias víctimas compartan contenido privado.
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Una amenaza que continúa creciendo
Las autoridades estadounidenses llevan años alertando sobre la gravedad de este problema.
Ya en 2021, el FBI informó de un importante incremento de las denuncias relacionadas con sextorsión y recomendó a las personas que recibieran amenazas interrumpir inmediatamente la comunicación con los delincuentes y ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad.
Los casos judiciales más recientes muestran además que las investigaciones pueden prolongarse durante años y atravesar diferentes países antes de que los responsables sean llevados ante la justicia.
Por ejemplo, en mayo un ciudadano canadiense fue condenado a 33 años de prisión después de ser declarado responsable de una campaña de sextorsión dirigida contra más de 145 menores en Estados Unidos.
Más recientemente, un miembro del colectivo de ciberdelincuencia conocido como «The Com» fue condenado a dos años de prisión tras declararse culpable de delitos relacionados con chantaje y abuso sexual contra menores.
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La importancia de pedir ayuda
La sextorsión puede generar una enorme presión psicológica sobre las víctimas, especialmente cuando los delincuentes amenazan con publicar el contenido o contactar con familiares y amigos.
Las autoridades recomiendan no continuar negociando con los extorsionadores ni enviar más contenido, conservar las evidencias disponibles y comunicar inmediatamente la situación a las fuerzas de seguridad.
En el caso de menores, resulta especialmente importante que familiares y adultos de confianza conozcan lo ocurrido para poder intervenir y buscar ayuda profesional y policial.
La extradición de Adekunle y Olawale demuestra también que las fronteras nacionales no necesariamente impiden perseguir este tipo de delitos: las redes de sextorsión pueden operar desde un país mientras sus víctimas se encuentran a miles de kilómetros de distancia.
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